MONTEVIDEO (Uypress) - Jorge Quian, subsecretario de Salud Pública, realizó esta afirmación en un acto académico, donde acusó a los profesionales de instigar a los pacientes terminales a que inicien recursos de amparo ante la Justicia, exponiendo al Ministerio a "gastos injustificados" por medicamentos de alto costo.
El Colegio de Abogados cuestionó estos dichos. Entiende que es el Poder Judicial el que dirime conflictos "en base aderechos", y que, paraello,"confiere garantías a todos los involucrados", resolviendo los casos "en función de los derechos en juego". Asi mismo, señala que "el acceso a la Justicia es un derecho de todos los ciudadanos, y los abogados son el medio con que estos cuentan para hacer valer y ejercer sus derechos".
La nota, divulgada por el Colegio de Abogados, señala, además, que en los procesos para la obtención de medicamentos, el Estado "también ejerce su defensa y cuenta con todos los medios jurídicos y técnicos a su disposición para fundamentar su posición", y que, "normalmente", en estos juicios, "el derecho en análisis es el derecho supremo a la vida".
En estos casos, muchas veces, "los actores son personas integrantes de sectores sociales vulnerables con pocos recursos, que no pueden pagarse los medicamentos que reclaman, y en muchos casos son patrocinados por profesionales de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República en forma totalmente gratuita".
El Colegio de Abogados apunta, por esos motivos, que las palabras de Quian son "equivocadas e injustificadamente ofensivas". El viernes, Jorge Quian volvió a referirse a la situación de los juicios de amparo por medicamentos de alto costo, y, en diálogo con Subrayado, dijo que "esa medicación, muchas veces, no tiene la evidencia científica suficiente y no obtiene la prolongación de la vida en términos reales".
Quian sostuvo que, en la mayoría de los casos, esas drogas prolongan la vida en dos o tres meses. "En un caso particular, quizás si amíme pasa, también lo pida, pero el MSP, como órgano rector de las políticas sanitarias tiene que pensar en la población general", y este tipo de solicitud genera un "gasto importantísimo para el país".
