MONTEVIDEO (Uypress) - El pasado martes, UTE explicaba sus planes para subir el nivel del embalse de Rincón del Bonete, argumentando esa necesidad, en que algunos momentos del año, debería tener más agua para respaldar a la energía eólica y no encender las centrales térmicas. En ese mismo momento, la ministra Carolina Cosse, vía twitter, informaba que se daba marcha atrás al proyecto. UTE pretendía que la cota llegara a los 81 metros, algo que las leyes vigentes permiten. Sin embargo, productores ribereños del Río Negro se habían mostrado preocupados porque subir la cota puede llegar a inundar, en algunos momentos, 10.000 hectáreas de explotaciones ganaderas de Durazno y Tacuarembó, según informa El País.
El mismo día que tres jerarcas de UTE explicaban, a la prensa, las razones del plan que afectaría a 750 padrones, Cosse, vía Twitter, informó que había mandado dar marcha atrás. Escribió en la red que se conformará un equipo multidisciplinario con el Ministerio de Ganadería, el de Vivienda, la sociedad civil, UTE e intendencias para realizar un estudio de la situación. "Hasta no tener esos resultados no le daremos curso a los procesos de expropiación", avisó.
"Más allá del proceso que haya realizado UTE, desde el MIEM entendemos que es necesario un estudio más profundo que considere varios aspectos desde una perspectiva país", explicó. UTE tenía pensado destinar US$ 40 millones a compensar a los productores, cuyos propiedades se verían afectadas en un 6% en promedio, aunque en algún caso la afectación puede llegar al 19%. El proceso iba a demandar tres años. Algunos productores habían protestado con el argumento de que elevar el embalse no es necesario. Sostienen que, en realidad, UTE quiere tener la posibilidad de generar más en las represas del río Negro para exportar a Brasil.
UTE había admitido que en algunos momentos del año (no en verano) las playas de San Gregorio de Polanco, en Tacuarembó, podrían llegar a quedar tapadas por el agua. Uno de los productores que protestó contra los planes de UTE, Patricio Olivera, de Cuchilla de Ramírez, Durazno, dijo a El País que la población de San Gregorio se había comenzado a mostrar inquieta por la situación. Olivera cree que la decisión de Cosse es un "espaldarazo" para los productores. Un grupo de ambientalistas que se opone a la construcción de una segunda planta de UPM en Centenario, Durazno, argumenta que UTE quiere que haya más agua en el lago (que es la gran reserva hidráulica del sistema eléctrico uruguayo) para poder disolver mejor los eflentes de la fábrica.
El directorio de UTE había decidido en diciembre de 2016 comenzar el proceso de expropiaciones. Los ambientalistas dicen que para ese momento ya se conocía que UPM analizaba la posibilidad de construir una segunda planta de pasta de celulosa en el centro del país.
