GINEBRA (Uypress) – En varios países de América se restringió durante 2019 el derecho a manifestar y a solicitar asilo, al tiempo que al menos 210 personas murieron violentamente en el contexto de protestas en las Américas: 83 en Haití, 47 en Venezuela, 35 en Bolivia, 31 en Chile, ocho en Ecuador y seis en Honduras, según se desprende del informe 2019 presentado por Amnistía Internacional. Mientras millones de personas se echaban a la calle para protestar por la situación imperante de violencia, desigualdad, corrupción e impunidad, o se veían obligadas a huir de sus países en busca de seguridad, diversos Estados de las Américas restringieron el año pasado el derecho de manifestación y el derecho a solicitar asilo, en un flagrante desprecio de las obligaciones contraídas en virtud del derecho tanto nacional como internacional. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional (AI) al presentar su informe anual sobre la región.
"El año 2019 trajo consigo un nuevo ataque a los derechos humanos en gran parte de las Américas, con dirigentes intolerantes y cada vez más autoritarios que recurrían a tácticas cada vez más violentas para impedir a las personas protestar o buscar seguridad en otro país. Pero también vimos que la juventud se alzó y exigió cambios en toda la región, desatando protestas más amplias a escala masiva. Su valentía ante la cruel represión estatal nos da esperanza, y muestra que las generaciones futuras no se dejarán intimidar", dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional. "Cuando el malestar social, la inestabilidad política y la destrucción medioambiental en la región son aún mayores en 2020, la lucha por los derechos humanos es más urgente que nunca. Y que nadie se engañe: los dirigentes políticos que predican el odio y la división en un intento por demonizar y minar los derechos de otras personas se encontrarán en el lado equivocado de la historia.
"El año pasado surgieron movimientos de protesta, con frecuencia liderados por jóvenes, para exigir rendición de cuentas y respeto por los derechos humanos en países como Venezuela, Honduras, Puerto Rico, Ecuador, Bolivia, Haití, Chile y Colombia, pero las autoridades respondieron por regla general con tácticas represivas y a menudo cada vez más militarizadas, en lugar de establecer mecanismos para promover el diálogo y abordar los motivos de preocupación de quienes se manifestaban. De acuerdo a AI la represión en Venezuela fue especialmente severa, y las fuerzas de seguridad del gobierno de Nicolás Maduro cometieron crímenes de derecho internacional y graves violaciones de derechos humanos, incluidas ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza, que podrían constituir crímenes de lesa humanidad. En Chile, el ejército y la policía también hirieron deliberadamente a manifestantes para desalentar la disidencia; mataron al menos a cuatro personas e hirieron de gravedad a miles más.
Al menos 210 personas murieron violentamente en el contexto de protestas en las Américas: 83 en Haití, 47 en Venezuela, 35 en Bolivia, 31 en Chile, ocho en Ecuador y seis en Honduras. Latinoamérica volvió a ser una vez más la región más peligrosa del mundo para quienes defendían los derechos humanos; las personas que se dedicaban a proteger los derechos a la tierra, el territorio y el medioambiente estuvieron especialmente expuestas a homicidios selectivos, criminalización, desplazamiento forzado y acoso. Colombia siguió siendo el país más letal para los defensores y defensoras de los derechos humanos, con al menos 106 homicidios, en su mayoría de líderes indígenas, afrodescendientes y campesinos, mientras el encarnizado conflicto armado interno seguía azotando el país. México fue uno de los países más mortíferos para los periodistas, con al menos 10 muertes violentas en 2019. El país también sufrió una cifra récord de homicidios, pero continuó con las fallidas estrategias de seguridad, según la organización, que señala la creación de una Guardia Nacional militarizada y la aprobación de una alarmante ley sobre el uso de la fuerza.
La violencia por arma de fuego siguió siendo uno de los principales motivos de preocupación en Estados Unidos, donde había demasiadas armas y las leyes eran insuficientes para seguirles el rastro e impedir que llegaran a manos de personas que pretendían causar daño. Una nueva norma anunciada por la administración Trump en enero de 2020 facilitó enormemente la exportación de rifles de asalto, armas creadas con impresoras 3-D, munición y otras armas para propagar una extendida violencia por arma de fuego más allá de las fronteras estadounidenses, especialmente en otros países de las Américas. De igual modo, en Brasil, el presidente Jair Bolsonaro firmó una serie de decretos y órdenes ejecutivas que, entre otras preocupantes consecuencias, suavizaban la normativa sobre la posesión y el porte de armas de fuego. El número de hombres, mujeres, niños y niñas que han huido de la crisis de derechos humanos en Venezuela en los últimos años ascendió a casi 4,8 millones -una cifra sin precedentes en las Américas-, pero Perú, Ecuador y Chile respondieron imponiendo nuevos y restrictivos requisitos de entrada y devolviendo ilícitamente a personas venezolanas necesitadas de protección internacional.
El Gobierno de Estados Unidos hizo un uso indebido del sistema judicial para acosar a quienes defendían los derechos de las personas migrantes, detuvo ilegalmente a menores que huían de situaciones de violencia e implementó nuevas medidas y políticas para atacar y restringir de forma masiva el acceso al asilo, incumpliendo sus obligaciones contraídas en virtud del derecho internacional señala Amnistía Internacional en su informe. La impunidad siguió siendo la norma en la región. A pesar de algunos progresos y del crecimiento de diversos movimientos en defensa de los derechos de las mujeres en las Américas, la violencia de género seguía estando muy extendida, agrega el material difundido este jueves. De acuerdo a AI el año también trajo consigo noticias positivas. Al terminar 2019, 22 países habían firmado el Acuerdo de Escazú, un tratado regional pionero sobre los derechos medioambientales. En febrero de 2020, Ecuador se ha convertido en el octavo país en ratificar el Acuerdo, lo que significa que solo hace falta que lo ratifiquen otros tres más para que entre en vigor. "Ahora que entramos en una nueva década, no podemos permitirnos que los gobiernos de las Américas sigan repitiendo los errores del pasado. En lugar de restringir los derechos por los que tanto se ha luchado, los gobiernos deben utilizarlos como base y trabajar para crear una región en la que todas las personas puedan vivir libres y seguras", concluyó Erika Guevara Rosas.
2019 - PRINCIPALES ACONTECIMIENTOS EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS EN LAS AMÉRICAS
En 2019, Amnistía Internacional documentó graves violaciones de derechos humanos en 24 países de las Américas. A continuación, incluimos algunos ejemplos de los principales acontecimientos analizados en materia de derechos humanos.
BOLIVIA
Tras la dimisión de Evo Morales en plena crisis sociopolítica en noviembre, la presidenta interina Jeanine Áñez emitió un decreto que otorgaba impunidad a las fuerzas armadas, y en virtud del cual las fuerzas del Estado reprimieron las protestas: causaron muertes e infligieron heridas a decenas de personas, y dieron lugar a denuncias de uso excesivo de la fuerza. Al menos 35 personas murieron violentamente en el contexto de las protestas.
BRASIL
El gobierno del presidente Bolsonaro puso en práctica su retórica abiertamente contraria a los derechos humanos a través de medidas administrativas y legislativas. Durante el año se produjo también un aumento del número de homicidios cometidos por policías en servicio activo, y las graves crisis medioambientales en la Amazonía afectaron desproporcionadamente a los pueblos indígenas, los quilombolas y otras comunidades tradicionales locales; además, hubo un intento de restringir las actividades de las organizaciones de la sociedad civil, y los defensores y defensoras de los derechos humanos fueron víctimas de amenazas y homicidios.
CHILE
Chile terminó 2019 con la peor crisis de derechos humanos vivida en el país desde el régimen del general Augusto Pinochet, con manifestaciones multitudinarias contra la elevada desigualdad. Al menos 31 personas murieron violentamente en el contexto de las protestas, que fueron reprimidas enérgicamente por las fuerzas del Estado.
COLOMBIA
La violencia a causa del conflicto armado interno en curso y de las disputas por el control territorial continuó azotando al país tras la firma del Acuerdo de Paz de 2016. Las víctimas principales seguían siendo los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes y campesinas. Colombia fue el país más letal para los defensores y defensoras de los derechos humanos, con 106 homicidios.
CUBA
Un año después de que el presidente Díaz-Canel ocupara su cargo, las autoridades cubanas siguieron deteniendo y encarcelando arbitrariamente a periodistas y artistas independientes, y a miembros de la oposición política. Amnistía Internacional adoptó a seis presos de conciencia, que representaban sólo una pequeña proporción de las personas que probablemente estaban detenidas exclusivamente por expresar de forma pacífica sus opiniones o creencias. La isla continuaba básicamente cerrada para los observadores independientes de derechos humanos.
ECUADOR
Las autoridades no protegieron a defensores y defensoras de los derechos humanos en situaciones de riesgo, especialmente los que defendían en medioambiente; además, hicieron declaraciones xenófobas y endurecieron los requisitos de entrada al país para las personas solicitantes de asilo procedentes de Venezuela. Las fuerzas de seguridad hicieron un uso excesivo de la fuerza para reprimir las protestas contra las medidas de austeridad que podían afectar a los derechos de las personas. Ocho personas murieron en el contexto de las protestas en octubre, y centenares resultaron heridas o fueron detenidas.
EL SALVADOR
Los elevados niveles de violencia siguieron provocando desplazamiento interno y migración forzada. Las organizaciones locales informaron sobre la preocupación por el plan del nuevo gobierno contra la delincuencia organizada, en concreto por aspectos como la falta de transparencia, el uso del ejército para operaciones de seguridad pública y el impacto del plan en las condiciones de reclusión. Seguía vigente la draconiana prohibición total del aborto.
ESTADOS UNIDOS
Las autoridades estadounidenses detuvieron, maltrataron y rechazaron a miles de personas solicitantes de asilo en la frontera de Estados Unidos con México, en contra de lo dispuesto tanto por la legislación nacional como por el derecho internacional. A consecuencia de ello sufrieron abusos menores no acompañados, familias, personas LGBTI y otras personas varadas en el norte de México y en centros de detención para inmigrantes de Estados Unidos. El gobierno de Trump aumentó el uso indebido del sistema de justicia penal para amenazar y acosar a quienes defendían los derechos humanos.
GUATEMALA
El gobierno cerró la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, y el Congreso debatió retrógrados proyectos de ley que promovían la impunidad y restringían el trabajo de quienes defendían los derechos humanos. Continuaron los ataques contra los defensores y defensoras de los derechos humanos, con actos como campañas difamatorias, criminalización y homicidios. En virtud de un nuevo acuerdo de "tercer país seguro", las autoridades estadounidenses enviaron a las personas solicitantes de asilo de Honduras y El Salvador a que presentaran sus solicitudes en Guatemala, en lugar de en Estados Unidos.
HAITÍ
Al menos 83 personas perdieron la vida y más de un centenar resultaron heridas en el contexto de protestas durante febrero y septiembre-octubre. Se calculaba que las fuerzas de seguridad eran responsables de 19 de esas muertes. Amnistía Internacional verificó casos en los que policías armados con rifles semiautomáticos habían disparado munición real durante las protestas, cosa que infringía las normas internacionales relativas a la actuación policial y los derechos humanos. Varios periodistas resultaron heridos o muertos.
HONDURAS
Seis personas murieron en el contexto de protestas que fueron reprimidas con brutalidad por las fuerzas de seguridad entre abril y junio. Los defensores y defensoras de los derechos humanos siguieron siendo blanco de ataques, que incluían homicidios y el uso indebido de procedimientos penales contra ellos. A pesar de que miles de personas huyeron del país buscando en Estados Unidos y México refugio frente a la violencia, la impunidad y la pobreza, los gobiernos de Honduras y Estados Unidos firmaron un acuerdo de "tercer país seguro".
MÉXICO
En su primer año, el nuevo gobierno tomó preocupantes decisiones respecto a la seguridad, incluida la creación de una Guardia Nacional formada principalmente por elementos militares. El número de desapariciones denunciadas aumentó a más de 61.637. Persistía la violencia contra las mujeres, con 1.006 investigaciones abiertas sobre feminicidios. Continuaron el acoso y los homicidios contra periodistas y defensores y defensoras de los derechos humanos. México adoptó un enfoque de las cuestiones migratorias basado en la seguridad, en el que utilizó a la Guardia Nacional para capturar a personas migrantes.
NICARAGUA
Continuó la crisis de Nicaragua, con detenciones arbitrarias, homicidios selectivos, restricciones a la libertad de expresión y las manifestaciones, y ataques contra ONG, periodistas y personas que defendían los derechos humanos.Miles de personas se vieron obligadas a huir del país, y las autoridades bloquearon la entrada de órganos internacionales.
PERÚ
Las autoridades realizaron declaraciones xenófobas e impusieron requisitos más estrictos de entrada a las personas solicitantes de asilo procedentes de Venezuela. El gobierno tampoco abordó la exposición de comunidades indígenas a metales tóxicos, y la falta de normativas efectivas afectaba a los derechos de los pueblos indígenas.
PUERTO RICO
Ricardo Rosselló dimitió como gobernador en julio, tras dos semanas de protestas en las que 20 personas resultaron heridas y 17 fueron detenidas. La gobernadora Wanda Vázquez Garced declaró un estado de alerta nacional debido a los altos índices de violencia de género. Dos años después del huracán María, decenas de miles de personas seguían viviendo bajo lonas azules.
REPÚBLICA DOMINICANA La policía? violaba, golpeaba y humillaba de forma habitual a las mujeres que se dedicaban al trabajo sexual, en actos que podían constituir tortura u otros malos tratos por razón de género. El aborto seguía estando criminalizado en todas las circunstancias.
VENEZUELA
El gobierno de Maduro siguió utilizando ejecuciones extrajudiciales, fuerza excesiva y tortura como parte de una política de represión para silenciar la disidencia. Al menos 47 personas murieron en el contexto de las protestas, entre ellas 21 que murieron en enero a manos de las fuerzas de seguridad y de civiles armados que actuaban con su aquiescencia, en lo que pueden constituir crímenes de lesa humanidad. La falta de alimentos, atención médica y servicios básicos han obligado a más de 4,8 millones de personas a huir del país
