SANTIAGO - Chile es un país con más de 4.200 kilómetros de largo, poblado de volcanes activos de norte a sur y también en las profundidades del océano Pacífico. Una tierra donde la energía se acumula y regularmente explota, con terremotos y tsunamis, como ocurrió en 1960, con el mayor cataclismo en la historia desde que hay registros: 9.5 grados en la escala de Richter, o el de 2010, con 8.8. En otras palabras, Chile es un país sísmico, de extremos, con personas acostumbradas a enfrentar una naturaleza muchas veces hostil, implacable, dura. Lo mismo ocurre en el campo social, donde la desigualdad, la pobreza, abusos, matanza de trabajadores y las carencias, marcaron la historia del siglo XX. Las esperanzas surgidas con las reformas políticas, económicas y sociales iniciadas por los gobiernos de Eduardo Frei (1964-1970) y luego profundizadas por Salvador Allende (1970- 1973) fueron enfrentadas por la derecha de manera brutal, concluyendo con un golpe de estado financiado y alentado por Estados Unidos con la complicidad cínica de la oligarquía chilena que dio respaldo a la dictadura cívico-militar más cruenta que se tenga memoria, encabezada por Augusto Pinochet (1973- 1990). El siglo XXI, consolidó un modelo de crecimiento y apertura económica basado en el sector exportador de materias primas principalmente, que permitió que millones de personas salieran de la pobreza. Sin embargo, los problemas históricos de desigualdad en el ingreso, concentración de la riqueza y frustración de las nuevas generaciones por continuar mejorando sus condiciones de vida, llevaron al estallido social del 18 de octubre pasado que remeció profundamente a la sociedad chilena. Se liberó una fuerza volcánica, expresada en marchas de protesta multitudinarias, actos de violencia extrema de grupos minoritarios y represión brutal de las fuerzas policiales contra los manifestantes. Todo ello llevó al acuerdo del 12 de noviembre alcanzado por las principales fuerzas políticas, de gobierno y oposición, para realizar un plebiscito para cambiar la actual constitución de 1980. Se acordó que debería efectuarse en abril pasado, pero por la pandemia del covid-19, fue postergado para el mes de octubre del presente año. El coronavirus aplacó las protestas callejeras, las manifestaciones y hechos de violencia que se sucedieron con intensidad en las principales ciudades del país, durante las primeras semanas y que luego decayeron. En marzo, con la peste ya en Santiago y las primeras cuarentenas, la agenda política cambió nuevamente y fue la oportunidad para el gobierno de Sebastián Piñera de recuperar credibilidad ante la opinión pública. Sin embargo, el desconocimiento de la realidad social del país es de decir de la pobreza y hacinamiento en vastos sectores de las grandes ciudades, lo llevaron a una sucesión de errores que permitió que la pandemia se escapara de control. Hoy Chile figura entre los países con mayor número de contagios y muertes en el mundo por millón de habitantes. Bloomberg, lo resumió muy bien: "Chile siguió el ejemplo de las naciones ricas solo para darse cuenta, una vez más, de que un gran porcentaje de sus ciudadanos son pobres". Y no solo eso. Luego de una gran discusión entre gobierno y oposición, el gobierno de Piñera accedió a entregar un bono por tres meses, de 440 euros mensuales para una familia de 4 personas. Vale decir, 14,8 euros diarios. El gobierno, acorralado por la dureza de la realidad, aceptó un gasto de 12 mil millones de dólares, cifra a todas luces insuficiente en un país donde los precios de los alimentos son similares a muchos países de Europa. Chile tiene sólidas cifras macroeconómicas con una deuda pública que se estima aumentará a un 40% del PIB, a fines del 2021, lo que nuevamente confirma la ceguera de un gobierno controlado por un economicismo dogmático e insensible a la realidad social. En el plano político, los sectores más conservadores del gobierno y que son mayoría, se oponen a una nueva constitución indicando que la actual puede ser reformada. Han comenzado a levantar las banderas del miedo señalando que el país no estará en condiciones para efectuar el referéndum o que no es necesario. La realidad es que el plebiscito puede ser el amortiguador social donde sueños y esperanzas de la gran mayoría de las personas pueden ser canalizados, en un país que clama por avanzar hacia un estado de bienestar para todos. Pretender postergarlo o anularlo solo agregará gasolina a una situación de por si explosiva. La peste terminará en algún momento y la gente saldrá a las calles a manifestarse con rabia acumulada que sumará nuevos elementos, como el número de muertes causados por el coronavirus y que se concentra en los sectores populares; el hambre que ha aparecido en vastos sectores y el empobrecimiento generalizado de la población, como consecuencia de la pandemia económica y social que también recorre este largo país llamado Chile.
FERNANDO AYALA,
Economista de la Universidad de Zagreb y Máster en Ciencia Política de la Universidad Católica de Chile. Ha sido embajador de Chile en Vietnam, Portugal, Trinidad-Tobago, Italia y ante los Organismos Internacionales con sede en Roma. Trabajó 2 años para FAO y actualmente es subdirector de desarrollo estratégico de la Universidad de Chile.