Según informó Subrayado (Canal 10) el documento lleva el membrete del Ministerio de Salud Pública (MSP) y debajo hay espacio para poner nombre, fecha, cédula de identidad, lugar y firma.
Al inicio, el documento destaca que la vacunación es voluntaria y que debe seguir un orden establecido según la prioridad por grupos de riesgo.
A continuación, en el segundo tramo del consentimiento, está lo más relevante: señala que cualquier reclamo judicial o extrajudicial se deberá realizar en tribunales uruguayos, y bajo las leyes nacionales. De esta manera, quien firma, rechaza la posibilidad de presentar una demanda en tribunales internacionales.
Textualmente dice: "Yo consiento que cualquier acción legal o procedimiento judicial o extrajudicial, por cualquier concepto y de cualquier naturaleza, a ser iniciado por mi, incluyendo (sin limitación) contra el fabricante de la vacuna o la República Oriental del Uruguay, que surja de, o se encuentre relacionado o en conexión (directa o indirectamente) con la recepción de la o las vacunas, será presentado exclusivamente ante los tribunales competentes de la República Oriental del Uruguay, rigiéndose dicho eventual reclamo exclusivamente por las leyes de la República Oriental del Uruguay".