ROMA (Uypress)- El exmilitar uruguayo Jorge Néstor Troccoli fue llevado este sábado a la prisión de la ciudad italiana de Salerno (sur) después de que el Tribunal Supremo de ese país confirmara su cadena perpetua por participar en la desaparición de italianos en el Plan Cóndor, la represión en América Latina en las décadas de 1970 y 1980, según informa el portal swissinfo.ch.
Agentes del cuerpo de carabineros se presentaron en la casa de Troccoli, en el municipio de Battiplagia, y lo trasladaron primero a la comisaría y luego a prisión, según informan medios como la agencia AGI.
El condenado se ha sometido a una prueba de la COVID-19 y espera el resultado antes de ser encarcelado.
El Tribunal Supremo italiano confirmó este viernes la sentencia a cadena perpetua emitida en 2019 contra 24 militares de Bolivia, Chile, Perú y Uruguay, acusados de la muerte y desaparición de italianos en la Operación Cóndor en las décadas de 1970 y 1980. La sentencia de la alta corte afecta solo a catorce de los imputados -once uruguayos y tres chilenos-, pues el resto han muerto en los últimos años o se desconoce su situación.
Troccoli, excapitán de navíos y que formó parte del Cuerpo de Fusileros Navales (FUSNA), era el único de los acusados que reside en Italia, adonde llegó en 2007 tras escapar de la Justicia de su país valiéndose de la doble nacionalidad italo-uruguaya.
El condenado, que no acudió a la audiencia por motivos médicos, fue absuelto en primera instancia en 2017 por el Tribunal de Roma, aunque el de Apelación lo condenó a la perpetua en 2019, un veredicto confirmado ahora por el Supremo en vía definitiva.
La idea de procesar a los represores latinoamericanos en Italia surgió en 1998, tras la detención en Londres del dictador chileno Augusto Pinochet.
El fiscal italiano Giancarlo Capaldo empezó entonces a recabar los testimonios de parientes de ciudadanos italianos asesinados en aquellos convulsos años en Sudamérica y abrió una investigación que ha derivado en este enrevesado proceso en Roma.
En un primer momento, los imputados ascendían a 146, si bien la muerte de muchos de ellos, ya ancianos, y la negativa de Argentina de procesar a los de ese país, acabaron diezmando la lista.
