Como es de estilo, Gómez informó a Da Silveira sobre las respuestas que enviaría a Manini Ríos, en un documento que alcanzó las 698 páginas. Ese material ingresó al Parlamento en el correr de noviembre de 2021 y se conoció recién el 31 de marzo de este año.
El pedido de informes de Manini Ríos enviado a la Fiscalía General de la Nación consta de dos asuntos centrales: el funcionamiento de la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad y temas internos del organismo.
El documento, que fue elaborado por el líder cabildante con el asesoramiento de su abogado Marcos Pacheco, consta de 47 preguntas referidas a juicios indemnizatorios que enfrenta la Fiscalía por prisiones indebidas, cantidades de funcionarios y parentesco existente entre fiscales. Manini Ríos también preguntó a la Fiscalía si existían juicios por daños y perjuicios contra la repartición y contra el Poder Judicial, en qué fases se encontraban y montos de los reclamos.
En la respuesta enviada al Parlamento, Gómez dice que había 17 juicios contra la Fiscalía General de la Nación. En tres de ellos la Fiscalía resultó condenada por US$ 28.450; en un cuarto deberá pagar solidariamente con el Poder Judicial US$ 35.750. En las restantes 13 demandas, la Fiscalía enfrenta reclamos en pesos y en dólares que superan los US$ 6.000.000. Los motivos de estos juicios son por privación de libertad indebida, omisión de investigar supuestos delitos, y demandas laborales presentadas por fiscales que consideran que resultaron perjudicados por resoluciones de la Fiscalía General de la Nación. Estos son los casos:
1) Yeniffer G. demandó a la Fiscalía por supuesta inactividad fiscal en las diferentes denuncias que formuló sobre un delito de violación contra su persona. Yeniffer y su hijo reclamaron US$ 500.000. Un Tribunal de Apelaciones condenó a la Fiscalía a pagar US$ 25.000. El caso hoy está en la Suprema Corte de Justicia.
2) Gustavo P. inició un juicio en un Juzgado de Artigas contra la Fiscalía y otros organismos en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de 2° Turno por prisión indebida. La Fiscalía y el Poder Judicial fueron condenados a pagar por daño moral. Gustavo P. reclamó US$ 35.750 por ese concepto.
3) Roque L. demandó al Estado por haber sido formalizado por un atentado violento al pudor. Enfrentó una prisión preventiva de 90 días. Fue absuelto. La Fiscalía y la Corte deberán abonar US$ 3.600 más intereses legales. Cada uno de los organismos deberá pagar el 50% de la condena. Actualmente el caso se encuentra a la espera de designación de un Tribunal de Apelaciones a efectos de resolver un recurso interpuesto por la Fiscalía General de la Nación.
4) Maximiliano A. reclamó a la Fiscalía US$ 7.860 por daño moral y $ 33.062 por daño material como consecuencia de una prisión indebida. Finalmente, la Justicia condenó a la Fiscalía a pagar US$ 1.650. El fallo fue apelado por dicho organismo.
5) Gastón P. presentó una demanda en un Juzgado de Paysandú contra la Fiscalía, Interior, Poder Judicial y Poder Legislativo. Alegó que fue objeto de tratos degradantes equiparables a la tortura, persecución institucional por pesquisas secretas y prisión indebida. Monto reclamado: US$ 500.000.
6) Cartilar exigió a la Fiscalía y otros organismos una indemnización de US$ 3.000.000. Exige el pago de daño moral, lucro cesante y daño emergente por haberle solicitado a la Fiscalía la entrega de las armas de la cuales era tenedor, las que utilizaba para realizar su trabajo de transporte de valores. Cartilar sufrió la incautación de las armas tras una denuncia de violencia doméstica en su contra.
7) La fiscal María F. interpuso una demanda por $ 6.000.000 (US$ 133.037 al tipo de cambio promedio de noviembre de 2021 cuando la Fiscalía entrego su respuesta al Parlamento) por daños y perjuicios por considerar que su carrera funcional fue afectada. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo le dio la razón. Actualmente el caso está en audiencia de alegatos.
8) Francisco G. inició un reclamo por prisión indebida por los delitos de usurpación, estafa y falsificación. Fue absuelto en segunda instancia. Monto reclamado: US$ 1.980.000.
9) Alicia S. promovió una demanda por daños y perjuicios contra la Fiscalía General de la Nación por supuestos maltratos, acoso laboral moral, discriminación por parte de sus jerarcas durante el plazo que trabajó en la Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía. Exige una indemnización de US$ 228.500 con intereses y reajustes por daño moral, daños punitivos y daño material.
10) Carlos L.D. interpuso una demanda por daños y perjuicios contra la Fiscalía General de la Nación y el Ministerio del Interior por prisión indebida por parte del personal policial de la Seccional 25° de Montevideo. Monto reclamado: $ 20.000 y US$ 54.860.
11) Marcos S. inició un juicio en un Juzgado de Salto contra el Ministerio del Interior, Poder Judicial y la Fiscalía General de la Nación por prisión indebida. Exigió un pago de $ 725.000 (US$ 16.075). En primera instancia, la Justicia desestimó la pretensión. Marcos S. apeló.
12) En el Juzgado de Fray Bentos, Stella y Blanca F. iniciaron una demanda contra la Fiscalía General de la Nación por supuesta omisión en sus deberes en investigar la ocupación de un inmueble de su propiedad. El caso está a estudio del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 5° Turno. Monto reclamado: $ 1.316.523 (US$ 29.191).
13) La fiscal Sandra F.V. interpuso una demanda por daños y perjuicios contra la Fiscalía General de la Nación por haber sido sancionada con la suspensión de las funciones con retención de haberes como Fiscal Letrada. Sandra F.V. interpuso una acción de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, el que le dio la razón. Monto reclamado: $ 1.529.335 (US$ 33.909) por concepto de lucro cesante y daño emergente, más reajustes e intereses y US$ 46.000 por daño moral más intereses.
14) Rossana e Ignacio P. y otro iniciaron un juicio contra la Fiscalía, Ministerio del Interior y Poder Judicial por prisión indebida. Ignacio P. reclamó US$ 45.000 por daño moral y $ 208.000 (US$ 4.611) por lucro cesante. En tanto que Rossana P. exigió una indemnización de US$ 25.000 por daño moral. Asimismo reclamó lucro cesante sin especificar el monto.
15) Agustín S. demandó a la Suprema Corte de Justicia por daños y perjuicios tras sufrir una prisión indebida. Exigió el pago de US$ 25.000. La Corte citó a la Fiscalía General de la Nación como tercero. Es decir, que esta institución también podría ser responsable de prisión indebida.
16) Bruno C. también inició una demanda contra el Poder Judicial por prisión indebida. El Poder Judicial citó a Fiscalía General como tercero. Monto reclamado: US$ 42.676.
17) Se trata de otro caso de prisión indebida. Néstor P. presentó una demanda contra el Poder Judicial por daños y perjuicios. Se emplazó a la Fiscalía General de la Nación como tercero. Néstor P. exige un pago de una indemnización de US$ 4.130 por daño moral y $ 103.600 (US$ 2.283) más $ 15.000 mensuales que se devenguen desde enero de 2020 hasta el efectivo del cobro más ilíquidos.
Traslados
En el capítulo vinculado a “temas internos de la Fiscalía General de la Nación”, Manini Ríos preguntó en su pedido de informes sobre si el Tribunal de lo Contencioso Administrativo había anulado sanciones impuestas por el exfiscal de Corte, Jorge Díaz, vinculadas a traslados de fiscales sin motivos, separaciones del cargo con retención de haberes, descensos de categorías de Fiscal Departamental a Fiscal Adjunto.
Gómez respondió en forma afirmativa. Y agregó que existen dos sentencias anulatorias referentes a traslado inmotivado y descenso de categoría de Fiscal Departamental a Fiscal Adjunto. Sin embargo, Gómez explicó en el documento que la separación de cargos con retención de haberes no constituye una sanción sino que es una medida preventiva establecida en la normativa.
La Fiscalía informó que desde 2012 hasta el 26 de julio de 2021 se han dispuesto 831 traslados. “Solamente uno fue anulado por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en una sentencia fechada el 2 de abril de 2019”, dice la respuesta del Fiscal de Corte.
La Fiscalía especializada tuvo 200 casos contra militares
En otro tramo de su extenso pedido de informes enviado a la Fiscalía General de la Nación, el senador de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos apuntó al funcionamiento de la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad y pidió que se establezca el número total de asuntos remitidos a dicha unidad desde el momento de su creación.
El fiscal de Corte, Juan Gómez respondió que se estima que, al momento de creación de la fiscalía especializada, había aproximadamente 200 causas en trámite que posteriormente fueron remitidas por los juzgados de todo el país a la referida repartición.
Manini Ríos: “Explicitar el número de asuntos en los que la Fiscalía está interviniendo hoy. Discriminar en cuántos se encontraban en etapa de investigación y cuántos judicializados”.
Fiscal Gómez: “En la actualidad existen tres causas que tramitan por el sistema acusatorio (actual), dos de ellas en investigación preliminar y una en investigación formalizada en las que existen tres personas imputadas. Por el sistema anterior (inquisitivo) tramitan 141 casos. Hay 11 causas en etapa de ejecución de sentencia, en la que hay personas cumpliendo condena; 14 causas que se encuentran en etapa de sumario, donde hay personas procesadas y 116 causas en etapa de presumario, dentro de las cuales hay 12 en las que hay pedido de procesamiento.
Manini Ríos: “Enumerar la cantidad de personas procesadas o formalizadas cumpliendo prisión preventiva o medidas alternativas a la prisión”.
Fiscal Gómez: “Todos los procesados se encuentran cumpliendo prisión preventiva y de acuerdo a nuestros registros se trata de 20 personas. En prisión domiciliaria se encontrarían tres encausados.
Manini Ríos: “Informar sobre la cantidad de personas condenadas”.
Fiscal Gómez: “Todos los condenados serían 16”.
Eduardo Barreneche
(El Pais)
