Un magistrado italiano juzgará los crímenes de guerra cometidos por el presidente ruso, Vladimir Putin, pues el juez Rosario Salvatore Aitala está en la junta de la Corte Penal Internacional, elegido para tratar la guerra en Ucrania, junto con Antoine Kesia-Mbe Mindua y Tomoko Akane.
Expolicía de 54 años, Aitala es profesor en Luiss y está convencido, como escribió en su último libro, de que el derecho internacional es "una forma de mirar el mundo" y convertirse en "testigo de crímenes que exigen justicia".
Crímenes que el fiscal jefe de la corte Karim Khan quiso advertir por su cuenta mientras visitaba Bucha, la ciudad símbolo de la furia rusa, donde fueron masacrados cientos de civiles.
"Ucrania es una escena de un crimen -fueron sus palabras-.
Estamos aquí porque tenemos razones para creer que los crímenes se cometen dentro de la jurisdicción del tribunal. Debemos disipar la niebla de la guerra para llegar a la verdad".
De momento, la única certeza, dramática, es que no faltará material para la investigación.
De hecho, la oficina del Fiscal General en Mykolaiv recibe decenas de informes al día de posibles crímenes de guerra y, "en nuestra región, los rusos sólo estuvieron unos días, imagínate en Jersón", explican desde la secretaría del fiscal Volodymyr Govorukha.
En toda Ucrania, miles de informes llegan diariamente a los fiscales locales a través del sitio especial, en espera de un examen que podría llevar meses.
El primer paso hacia la búsqueda de la verdad llegó hoy desde Viena, con la presentación del informe oficial de la Organización para la Cooperación y la Seguridad en Europa (OSCE), que reveló que, "en el primer mes de la ocupación rusa de algunas regiones de Ucrania, surgieron patrones claros de violaciones del derecho internacional humanitario por parte de las fuerzas armadas".
El informe se refiere únicamente a los acontecimientos del 24 de febrero al 1 de abril y, por lo tanto, no incluye las atrocidades en Bucha y otros lugares en las afueras de Kiev que trascendieron más tarde.
Sin embargo, contiene material suficiente para "mostrar patrones claros de violaciones sistemáticas de los derechos humanos", comentó el gabinete del Alto Representante de la UE, Josep Borrell.
El embajador de Estados Unidos ante la OSCE, Michael Carpenter, consideró que el texto "es un poderoso documento para demostrar el alcance de la crueldad rusa".
Al respecto, Rusia no tardó en reaccionar.
"Las conclusiones del informe presentado son legal y políticamente nulas", comentó el embajador ruso ante la organización, Aleksandr Lukashevich.
