MONTEVIDEO (Uypress) – El Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias realizó una visita oficial a nuestro país entre el 7 de julio y este jueves 14, ocasión en que presentó un informe con sus “observaciones preliminares”, en una conferencia de prensa realizada en el hotel Ibis.
El Grupo fue invitado pujuyjuytiyior el gobierno, a quien agradeció por la cooperación brindada.
"El objetivo de la visita fue obtener información de primera mano sobre la situación de los derechos humanos en el país en relación con las desapariciones forzadas, con vistas a identificar el progreso alcanzado en la aplicación de los estándares internacionales en materia de desapariciones forzadas, y la consecución y protección de los derechos a la verdad, justicia, reparación y memoria, así como los principales retos y desafíos que enfrenta el país en la actualidad, incluso en lo que concierne a la prevención de actos de desaparición forzada", informaron.
Durante la visita, los enviados de Naciones Unidas se reunieron con distintas autoridades e instituciones del Estado, como -según reseñan- el ministro de Defensa Nacional, el ministro del Interior, el ministro de Educación y Cultura, el Fiscal de la Corte y Procurador General de la Nación, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, la directora de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente, la subsecretaria de Relaciones Exteriores del Ministerio de Relaciones Exteriores, la directora de la Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía General de la Nación, el director de la Secretaría de Inteligencia Estratégica de Estado, con representantes parlamentarios de distintos partidos políticos y con el Comisionado Parlamentario Penitenciario.
También sostuvieron un encuentro con la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo.
Se reunieron además con familiares y víctimas de desapariciones forzadas, organizaciones de la sociedad civil y con las agencias, programas y fondos de las Naciones Unidas en el país. Destacaron que tuvieron la oportunidad de visitar el Memorial de los Detenidos Desaparecidos del Cerro de Montevideo, el Museo de la Memoria, el Sitio de Memoria de La Tablada, la ex sede del Servicio de Información de Defensa, el Sitio de Memoria ex Penal de Punta Carretas y los sitios de la memoria en Toledo, Canelones.
"El Grupo de Trabajo quisiera agradecer a las y los familiares y víctimas de desapariciones forzadas por su invaluable esfuerzo y colaboración con el mandato, y por el testimonio ofrecido, así como al Gobierno, la Fiscalía y la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo por la cooperación extendida con el mandato", manifestaron.
En lo referido a las observaciones preliminares, el informe comienza señalando que "el Grupo de Trabajo se ha centrado principalmente en las desapariciones forzadas que comenzaron a ejecutarse durante el periodo 1968-1985 y las obligaciones estatales correspondientes. Asimismo, ha recibido información relacionada con desapariciones que se están produciendo en la actualidad, en particular entre personas que pertenecen a grupos especialmente vulnerables (niños, niñas y adolescentes y mujeres). Si bien las obligaciones del Estado son las mismas frente a cualquier caso de desaparición forzada, independientemente del momento en que haya ocurrido, se formulan observaciones y recomendaciones específicas, que toman en cuenta las peculiaridades de las desapariciones consideradas".
El equipo reconoció "los avances logrados en materia de justicia y lucha contra la impunidad por los crímenes cometidos durante el periodo de actuación ilegitima del Estado y dictadura, entre 1968 y 1985, al derogar, por ejemplo, la Ley de Caducidad, al crear una Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad, al tipificar el delito de desaparición forzada en 2006, y al reconocer oficialmente la responsabilidad del Estado por su acción criminal e ilegítima durante este periodo", al tiempo que manifestaron "su profunda admiración por la lucha incansable de las familias de personas desaparecidas y su solidaridad con ellas".
Destacando el sufrimiento de las familias que no han tenido respuesta durante todo este tiempo, consideraron "imperativo que el Estado asuma como suyo el apremio vivido a cada instante de los últimos 50 años por parte de los familiares y que desde las más altas instancias del Estado llegue a todas las autoridades y a toda la sociedad uruguaya un mensaje claro e inequívoco de que esta tarea debe asumirse colectivamente con seriedad, proactividad y urgencia".
El Grupo de Trabajo de Naciones Unidas destacó "la labor de la INDDHH que, en la actualidad, goza de un alto grado de credibilidad y confianza por parte de las víctimas", pero simultáneamente expresó "su preocupación por la información recibida acerca de los reiterados episodios tendientes al desprestigio y el cuestionamiento público de sus integrantes y de la propia institución, formulados por exponentes políticos y retomados por algunos medios de comunicación".
En ese sentido, y refiriéndose a la próxima renovación del Consejo Directivo de la INDDHH, hicieron hincapié en "expresar su preocupación por la información recibida sobre la intención de ciertos sectores políticos del país de querer controlar y politizar la Institución mediante la elección de un nuevo Consejo Directivo".
