En los últimos seis meses Colombia ha sufrido un deterioro de su situación humanitaria, afirmó este miércoles el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), al actualizar las cifras que evidencian la violencia regional.
"Las consecuencias humanitarias de los seis conflictos armados y la violencia que existen en el país siguen intensificándose de manera preocupante. En el primer semestre de 2022 se ha visto un aumento significativo de la violencia con el consecuente incremento del sufrimiento para la población civil".
Así lo manifestó Lorenzo Caraffi, jefe de la delegación del CICR en Colombia, quien añadió que entre enero y junio se reportaron 377 víctimas de artefactos explosivos, en su mayoría civiles, lo que representó un incremento del 43% en comparación con el mismo periodo de 2021, de acuerdo a los indicadores de la Cruz Roja Internacional.
El uso de explosivos se registró en 16 de los 32 departamentos que tiene el país, aunque el 77% de esos actos se concentraron en cuatro regiones: Cauca (suroeste), Antioquia (noroeste), Arauca (este), Norte de Santander (noreste) y Meta (centro).
De acuerdo con el reporte del CICR, el uso indiscriminado de este tipo de artefactos trae consigo no solo heridas físicas para las víctimas, también les provoca problemas de movilidad, acaba con sus fuentes de subsistencia y les causa graves afectaciones a su salud mental, entre otras.
A los ataques, se sumó en este primer semestre del año el aumento en el desplazamiento y el confinamiento, en su mayoría en poblaciones en el noroeste y suroeste del país, áreas donde los grupos armados ilegales luchan palmo a palmo por el control territorial y de las economías ilegales.
Durante el periodo analizado, un total de 29.729 personas fueron objeto de desplazamiento masivo, mientras que otras 41.074 se vieron obligadas a abandonar sus propiedades o lugares de residencia para poner a salvo sus vidas, debido a las amenazas directas de miembros de escuadrones criminales.
En tanto que 19.210 personas fueron obligadas a confinarse como respuesta al aumento de los ataques entre esos grupos al margen de la ley en disputa o por la siembra de minas antipersona en sus territorios.
Otro de los indicadores del deterioro del panorama humanitario fue el aumento de las denuncias por la desaparición de personas.
En el periodo analizado, el CICR documentó un total de 61 nuevos casos de desaparición en 14 departamentos, aunque el 72% de los casos se concentró en Arauca (este), Norte de Santander (noreste), Chocó (noroeste), Cauca (suroeste), Nariño (sur) y Antioquia (noroeste).
Frente a este fenómeno, el CICR reconoció que sus cifras esconden un subregistro, por lo que estimó que los casos pueden ser muchos más.
"No obstante, esta información evidencia que en Colombia la desaparición no es un hecho del pasado, sino una realidad asociada a la violencia que continúa presente", concluyó la Cruz Roja Internacional en su informe.
De la violencia regional tampoco se salvaron los centros de asistencia médica, al reportarse en el tiempo analizado el asesinato de tres pacientes y de dos profesionales de la salud, además de la denuncia por la instalación de artefactos explosivos en zonas aledañas a hospitales, clínicas y centros de salud.
"Esos indicadores de consecuencias humanitarias muestran la difícil realidad que enfrentan muchas comunidades en diversos territorios del país, aun así no logran reflejar de manera completa el temor, la zozobra de desesperanza que producen los conflictos armados y la violencia", conjeturó Caraffi.
El delegado del CICR invitó al nuevo Congreso y al gobierno entrante de Gustavo Petro escuchar "la voz de las comunidades afectadas para entender sus problemáticas" y encontrar "soluciones pragmáticas para aliviar su sufrimiento" que les permita "vivir con dignidad".
Petro ha planteado la necesidad de alcanzar un"paz total", a partir de diálogos con los diferentes grupos armados ilegales.
