Antes de la entrada en vigencia de la ley los accidentes rondaban los 7.000 al año.
La clave está en el artículo 1 que establece que:
"cuando el empleador no adopte los medios de resguardo y seguridad laboral, de forma que ponga en peligro grave y concreto la vida, la salud o la integridad física del trabajador, será castigado con tres a 24 meses de prisión".
