CARACAS - Trabajadores del sector de educación, salud, universitarios y otros gremios de Venezuela, junto a pensionados y jubilados de la administración pública, tomaron de nuevo las calles en Caracas para rechazar "las sistemáticas violaciones a los derechos humanos y laborales por parte del régimen de Nicolás Maduro".
Los manifestantes se concentraron en las adyacencias del ministerio de Educación y avanzaron por la céntrica avenida Baralt hasta la sede del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Desde ahí alzaron sus voces para rechazar la sentencia emitida por el Tribunal Supremo, que declaró como "inexistente" el polémico instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre) que ha desatado el descontento entre los trabajadores y generado la nueva ola de protestas pacíficas.
El fallo, además, impuso multas "por cincuenta veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor, establecido por el Banco Central de Venezuela" a más de 50 personas, entre demandantes y abogados. José Gregorio Afonso, de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (ApUCV), dijo a los periodistas, que el objetivo de la marcha es consignar una comunicación a la magistrada Gladys Gutiérrez, presidenta de la TSJ, en la que advierten que es "un pésimo precedente para la administración de justicia que quien reclama que se le restituyan sus derechos sea sancionado con multas y amenazas de 'procedimientos judiciales".
"Eso ha ocurrido en las dos respuestas que ha dado el TSJ sobre el recurso de nulidad al instructivo Onapre, el de los jubilados y pensionados de la fiscalía general y el de los rectores de seis universidades nacionales", expresó. A su vez Eduardo Sánchez, presidente del Sindicato de Trabajadores de la UCV, indicó que "venimos al Tribunal Supremo en procura de justicia porque tenemos un acto de nulidad interpuesto por organizaciones sindicales que aún no se ha pronunciado".
Además, especificó que el documento dirigido a Gutiérrez "es con la intención de protestar la suspensión de las garantías del Estado de Derecho", porque "se introdujeron dos recursos de amparos y actos de nulidad en la Sala Político Administrativo y ambos fueron desechados de la peor manera".
"Argumentaron que el instructivo no existe, pero, sin embargo, siguen robando el salario a los trabajadores, más del 50% del total del salario mensual por órdenes del instructivo Onapre que no existe, que ahora es un fantasma", fustigó. En este sentido destacó que ese "fantasma está haciendo estragos en la clase trabajadora, pero no aclaran los documentos que pasa con el dinero, porque si ese instructivo no existe se debería cancelar como dicen los contratos colectivos, que son de pleno derecho".
Sánchez denunció que "por primera vez se está dando una política de multar a los trabajadores que van a demandar justicia y cuando sale negativo entonces lo demandan con divisa de más alta denominación". "Eso es con la intención de intimidar, para que la gente no demande porque puede terminar pagando dinero que no tiene, como los trabajadores", afirmó.
Además, resaltó que el TSJ es un ente de pleno derecho, pero "está separado de la administración de justicia, toda vez que los poderes deben tener autonomía". "En el marco de esa autonomía, estamos pidiendo a la Sala Constitucional que restituya lo establecido en la Constitución", exigió.
A su vez Elena Figueroa, una de las manifestantes, pidió al Supremo que "no sea cómplice del desastre de Maduro que ha llevado a los trabajadores a vivir en la pobreza, y derogue el instructivo". "La miseria de pensión que equivale a 16,25 dólares a la tasa del Banco Central, no alcanza para nada. Ya basta de tantos atropellos, exigimos pensiones y sueldos dignos ya", clamó.
