MONTEVIDEO (Gente d'Italia/Matteo Forciniti) - La lista Comites Rinnovo denunció al político Maie tras el video del voto falso en las últimas elecciones por varios delitos. La Embajada vuelve a preferir el silencio.
"Siento que he cumplido con mi deber. No estoy nada contento pero era necesario hacerlo por la gravedad de los hechos". Rolando Rossi acaba de salir de la sede de la Fiscalía General de la Nación en Montevideo donde el miércoles por la tarde presentó una denuncia contra Aldo Lamorte, el protagonista del video del escándalo descubierto por Gente d'Italia en las últimas elecciones que sigue impune.
Luego de las denuncias en Italia por violación de la ley electoral, por tanto, para el consejero de los Comités y del CGIE (Consejo General de los Italianos en el Extranjero) se abre otro capítulo judicial, esta vez en Uruguay: entre los delitos controvertidos está ante todo el violación de una correspondencia privada y luego la difusión de datos personales como lo demuestra el video que el representante de Maie había publicado en sus redes sociales antes de borrarlo. Todo ello, según los abogados de la acusación, se ve agravado por el hecho de que el imputado es un funcionario público que ejerce un cargo institucional en su país como diputado suplente en el Parlamento en las filas del Partido Nacional. La denuncia la presentaron los directores de la lista de renovación de los Comités: además de Rolando Rossi también están Fabrizio D'Alessandro, Ignacio Palermo y Roma Musetti.
Llama la atención la ausencia de la otra lista opositora de los Comités Unitalia y, sobre todo, la "falta de colaboración de la Embajada" como dice Rossi: "Por el tipo de delito impugnado, la declaración del responsable del paquete es fundamental.
Resulta ser Valeria De Bellis. El canciller jefe nos dijo que tienen una declaración firmada por esta persona que dice que no han recibido el paquete. Solicitamos agregar esta declaración a la documentación presentada pero la Embajada se negó a proporcionarla. Yo creo que esa actitud es parte de la maniobra que se está haciendo para proteger a Lamorte. También nos hubiera gustado agregar la grabación de la última sesión de los Comités pero no se nos ha negado".
Fabrizio D'Alessandro aclara: "La Embajada justificó esta negativa con el hecho de que Valeria De Bellis no había actualizado su dirección. Nos dijeron que no pueden dar esos datos personales pero, en todo caso, si llega el pedido de la Fiscalía, estarán dispuestos a cooperar". Según la legislación uruguaya, Lamorte podría ser procesado por varios delitos a partir de la violación de la correspondencia privada regulada por el artículo 296 del Código Penal: "Quienes abran, intercepten, destruyan u oculten correspondencia, encomiendas y demás envíos postales con la intención de apropiarse de su contenido o interrumpir su normal desarrollo, sufrirá la pena de uno a cuatro años de prisión". El párrafo siguiente agrega que "constituye una circunstancia agravante de este delito si es cometido por un funcionario público".
El otro delito imputado es el de protección de datos de carácter personal. Además de la ley 18.331 reglamentada por el decreto 414/009 existe también el artículo 72 de la Constitución que protege este derecho: "En este caso se le ha impuesto una preferencia política a una persona, este es considerado un dato sensible que sólo puede ser divulgado sujeto al consentimiento informado.
Si no existió ese consentimiento previo entonces constituye una violación constitucional y legal", se lee en el documento presentado a la justicia uruguaya. Todo lo que ha hecho Aldo Lamorte podría ser aún más grave bajo la ley 19.823 que establece el código de ética de los funcionarios públicos. Si bien los datos personales utilizados en el video no se obtuvieron como parlamentario uruguayo, "se utilizó información personal y confidencial que contradice las normas de conducta ética a las que los funcionarios públicos están llamados a responder".
"Cada uno tendrá que asumir sus responsabilidades en este asunto", comenta Rolando Rossi para concluir a medio camino entre la conciencia de haber cumplido con su deber y la amargura: "Alguien tendrá que juzgar tarde o temprano el comportamiento del embajador.
En cuanto a la otra lista de oposición de los Comités, reconocemos que no nos acompañaron en esta acción concreta. Estos son los hechos. Ahora estamos a la espera de que se designe al juez que conocerá del caso para abrir el proceso.
Según lo que nos ha dicho, se demorará una semana para la cita". "Personalmente" -concluye- "no tenía ningún deseo de denunciar a un opositor político pero había que hacerlo por el bien de todos. Sigo pensando que ya no hay controles, que ya no hay una autoridad que pueda hacer cumplir la ley. También lo siento porque estamos dedicando tiempo a estas cosas en vez de ocuparnos de los problemas de la comunidad pero, repito, había que hacerlo". "Me siento orgulloso de lo que hemos hecho como representantes de los ciudadanos", explica Fabrizio D'Alessandro."Seguro que algo va a pasar pero ahora hay que intentar darle más fuerza a esta denuncia. Por eso espero que pronto otras personas puedan acompañarnos".
