ROMA - La autoridad italiana que supervisa la competencia abrió un expediente contra las principales empresas que distribuyen la electricidad y el gas natural en el mercado, para determinar por qué solicitaron aumentar los precios pese al decreto ley que les impide modificar los valores en forma unilateral.
La Autoridad Garante de la Competencia y el Mercado inició cuatro procedimientos de instrucción -y otros tantos sub procedimientos cautelares, contra las empresas Iren, Iberdrola, E.ON y Dolomiti, proveedoras de energía eléctrica y gas natural en el mercado libre.
También informaciones a otras 25 empresas, siempre para analizar las propuestas de modificación del precio de la energía eléctrica y el gas, pese al decreto ley de septiembre que, además de prever una reducción de las boletas para los sectores más vulnerables, elimina las modificaciones unilaterales de los contratos de parte de los proveedores.
A Iberdrola y Dolomiti, por ejemplo, se le impugna el carácter engañoso de las comunicaciones que enviaron a los usuarios, en los que sugieren que les resulta imposible suministrar energía eléctrica al precio establecido por contrato a causa del incremento del precio del gas natural, cuando en sus mensajes promocionales sostienen que la electricidad vendida procedería exclusivamente de fuentes renovables.
La Autoridad Garante de la Competencia y el Mercado inició cuatro procedimientos de instrucción -y otros tantos sub procedimientos cautelares, contra las empresas Iren, Iberdrola, E.ON y Dolomiti, proveedoras de energía eléctrica y gas natural en el mercado libre.
También informaciones a otras 25 empresas, siempre para analizar las propuestas de modificación del precio de la energía eléctrica y el gas, pese al decreto ley de septiembre que, además de prever una reducción de las boletas para los sectores más vulnerables, elimina las modificaciones unilaterales de los contratos de parte de los proveedores.
A Iberdrola y Dolomiti, por ejemplo, se le impugna el carácter engañoso de las comunicaciones que enviaron a los usuarios, en los que sugieren que les resulta imposible suministrar energía eléctrica al precio establecido por contrato a causa del incremento del precio del gas natural, cuando en sus mensajes promocionales sostienen que la electricidad vendida procedería exclusivamente de fuentes renovables.