MONTEVIDEO (Uypress) – Un grupo de 45 militares presos por la comisión de delitos de lesa humanidad durante la dictadura presentarán, a través de sus familiares, sendos recursos ante Naciones Unidas y cortes europeas solicitando su libertad.
La gestión, según informó el semanario Búsqueda, fue encomendada a un estudio jurídico con oficinas en Madrid y Roma y es impulsada por la organización Familiares de Prisioneros Políticos, creada el año pasado justamente por familiares de los detenidos por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, que aseguran que la detención infringe garantías legales fundamentales y es resultado de un procedimiento irregular.
"Aquí hubo arbitrariedad, ligereza y falta de pruebas. El tema de fondo es político y no es jurídico ni técnico, porque no encontramos a nadie que rebatiera nuestros argumentos legales", afirmó Diego Flores, vocero de la organización.
Según informaron, tienen la intención es presentarlos en tandas de cuatro a seis, en un plazo que estará en función de los fondos que consigan recaudar. La organización ha conseguido el apoyo financiero de civiles y de agrupaciones de retirados militares, detalla Búsqueda.
El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria investiga casos de privación de libertad impuestos arbitrariamente o incompatibles con las normas de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Llama a los gobiernos involucrados a aclarar esos casos. La organización de familiares presentará ante ese organismo, con sede en Ginebra, los casos de detenidos que aún no tienen condena. El objetivo es que las decisiones que tome Naciones Unidas conduzcan a la modificación de las causas en Uruguay. "Lo que determine no es vinculante, no va a decretar las libertades, pero sí va a reclamar explicaciones al Estado uruguayo. Queremos que queden expuestos internacionalmente los errores del debido proceso para que el Estado deba rendir cuentas", dijo Flores.
Son 45 militares, policías y civiles comprendidos en la reclamación, que cumplen penas en la cárcel de Domingo Arena, la sede de la Guardia Republicana y algunos en sus domicilios. Los familiares argumentan que fueron enjuiciados por delitos comunes pero bajo el criterio de que se trataron de delitos de lesa humanidad.
Además de reuniones con legisladores, Familiares de Prisioneros Políticos fue recibido por el presidente de la República, el ministro de Defensa Nacional y el fiscal de Corte. Entienden que en ninguno de los encuentros fueron respaldados. "Nos encontramos con un gobierno y un presidente que tienen miedo a la izquierda y las consecuencias electorales. El Partido Nacional ha especulado políticamente con este tema, con los votos, con una interna muy complicada y un ministro que no quiere a las Fuerzas Armadas. Lo mismo pasa con el Partido Colorado y con Julio María Sanguinetti", dijo Flores en declaraciones recogidas por Búsqueda.
El grupo solicitó ante la Comisión de Constitución y Legislación la aprobación del proyecto de ley sobre prisión domiciliaria que presentó Cabildo Abierto.