por GONZALO TERRA
El 2023 cerró con 2.647 denuncias por delitos sexuales. En promedio, son más de siete denuncias por día o tres por hora. Cualquiera de las formas en que se presente la cifra demuestra la gravedad de este fenómeno delictivo y social, que sin embargo parece invisibilizado y las víctimas no hablan debido a que el trauma genera vergüenza y culpa. No alcanza con que la mayoría de ellas sufra secuelas psicológicas y emocionales de por vida para que se instale una conciencia social sobre esta problemática, según expresa en su amplia bibliografía especializada el sociólogo americano David Finkelhor.
El volumen de denuncias provoca que las cuatro fiscalías especializadas estén saturadas de casos. Por esta razón la última Rendición de Cuentas aprobó la creación de otras dos sedes especializadas. Se calcula que el sistema tiene más de tres mil quinientos expedientes en espera de resolución.
Cada oficina tiene a su fiscal, un adscripto y entre cinco y siete funcionarios administrativos que redactan oficios, coordinan pericias o trasladan expedientes, entre otros de sus cometidos.
Pero se complica cuando aparecen megacausas como la del exsenador Gustavo Penadés, formalizado como presunto autor de múltiples delitos sexuales. Cuando se instalan estos casos con tantas derivaciones, y además una atípica repercusión mediática, el trabajo se multiplica. Para este caso en particular el Fiscal de Corte debió designar un adscripto adicional para no paralizar el resto de las denuncias en curso o las nuevas de urgente abordaje. Pero los casos que no son catalogados como prioritarios pasan a la base de una torre de expedientes condenada a una larga espera.
Por otra parte, a diferencia de otros juzgados, los acusados por cometer delitos sexuales no suelen llegar a un acuerdo y en el 90% de los casos van a juicio. Esto hace que los procesos sean mucho más engorrosos y extensos porque la fiscalía de Delitos Sexuales debe preparar más juicios que el promedio y tiene un año para hacerlo luego de la formalización del imputado.
Por año hay casi 500 condenas, según las cifras que presenta Fiscalía desde 2019. Corresponde al 20% de las denuncias que se presentan anualmente. El 97% de los condenados son hombres, la mayoría tiene entre 36 y 45 años, le siguen los de la franja de entre 26 y 35 años y luego los mayores de 55 años.
Diversos estudios realizados en los últimos veinte años coinciden en señalar que más del 80% de las víctimas son mujeres y casi el 60% son menores de edad. La enorme mayoría de las víctimas de sexo masculino son niños de entre 0 y 12 años. En un alto porcentaje los casos son abusos sexuales o violaciones se producen dentro del ámbito intrafamiliar por padres, padrastros, tíos o abuelos. Y cuando no es así, suelen ser vecinos o personas que tienen algún tipo de contacto con la familia.
Las únicas causas que tramitan estos juzgados y que permiten un acuerdo que evite el juicio tienen que ver con la posesión de pornografía infantil o situaciones excepcionales, como ocurrió con los cinco formalizados por colaborar con Penades para elaborar una trama que lo exima de su culpabilidad, pero no fueron delitos vinculados directamente al abuso sexual.
El abusador o violador suele negar los hechos, aunque existan pruebas o testimonios. Operadores de la Justicia consultados para esta nota señalan que en la mayoría de los casos los acusados no tienen patologías y que de su experiencia resulta difícil encontrar denominadores comunes. “Saben perfectamente lo que hicieron, pero lo niegan, aunque todo demuestre que están mintiendo, y tienden a descalificar el testimonio de la víctima, más aún cuando son niños”.
La LUC estableció el Registro Nacional de Violadores y Abusadores Sexuales. A tres años de creado tiene cuatrocientos registros de condenados con sentencia firme por delitos sexuales. La ley establece que los condenados, una vez en libertad y por un plazo de diez años, tendrán la obligación de mantener informada a la Sede Judicial debiendo comunicar cualquier modificación operada en los datos proporcionados. Los abusadores sexuales, una vez dictada la condena, quedan inhabilitados por diez años como mínimo para el ejercicio de actividades vinculadas a la atención de salud, sanitarias, docentes o académicas o cualquier actividad directa o indirectamente relacionada con las mismas, que impliquen contacto con menores de edad, tanto a nivel público como privado.