l presidente venezolano, Nicolás Maduro, rechazó la propuesta avanzada por Brasil y Colombia para convocar a nuevas elecciones tras las polémicas en torno a los comicios del 28 de julio en los que según la justicia electoral del país obtuvo la reelección, pero que gran parte de la comunidad internacional cuestiona.
Maduro reivindicó la "soberanía" delas instituciones del país "en la resolución de cualquier conflicto" tras las elecciones del 28 de julio, y rechazó así la propuesta de Brasil y Colombia de convocar nuevas elecciones con la presencia de observadores internacionales.
Lo mismo había hecho ya la líder de la oposición, María Corina Machado.
Ayer, el presidente brasileño, Lula da Silva, un tradicional aliado del chavismo, advirtió que "todavía no" reconoce a Maduro como presidente electo, y le sugirió convocar a nuevas elecciones.
"Maduro todavía tiene seis meses en el poder, no terminará (su mandato, NDR) hasta el año que viene.
Si él tiene sentido común, podría hacer un llamado al pueblo de Venezuela, quién sabe, tal vez incluso convocar nuevas elecciones, establecer un criterio para la participación de todos los candidatos, crear un comité electoral no partidista, en el que todos participen, y dejar que observadores de todo el mundo entren a ver las elecciones", afirmó Lula.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó la victoria de Maduro, pero hasta ahora no exhibió las actas del escrutinio.
La oposición, por su parte, asegura que el ganador fue su candidato, Edmundo González Urrutia, y colocó más del 80 por ciento de lo que asegura son las actas oficiales en un sitio web.
Ante el impasse, Maduro acudió a la Corte Suprema para que elabore un dictamen. Tanto la Corte, como el CNE, son considerados funcionales al chavismo y están conducidas por militantes de esa fuerza política.
Por otra parte, ayer el parlamento, donde solo hay diputados del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), aprobó una ley que impone una regulación más estricta a las organizaciones no gubernamentales (ONG) activas en el país, a la manera de las que funcionan en Rusia o Nicaragua.
La propuesta, aprobada por unanimidad en la Asamblea Nacional, forma parte de un paquete legislativo solicitado por Maduro para hacer frente a la ola de protestas surgidas tras su autoproclamación, sin pruebas, como presidente electo.
A partir de su publicación, las ONG tendrán 90 días para inscribirse en un nuevo registro y 180 días para reformar los estatutos adaptándolos a la legislación.
Para el gobierno, la ley mejora la "transparencia" en materia de donaciones al impedir que las ONG utilicen los fondos con fines "terroristas".
"La ley tiene una intención punitiva", declaró el director de la ONG Acceso a la Justicia, Alí ;;Daniels, estimando que la supervivencia de unas 10.000 organizaciones "dependerá de la arbitrariedad de un funcionario".
Para el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, se trata de una ley que "socava el espacio cívico y democrático", y la ONG Provea, que defiende los derechos humanos, la define como "una grave amenaza para las organizaciones de derechos humanos".
La ley legaliza "la persecución contra la sociedad civil que ha denunciado violaciones a los derechos humanos" del gobierno y "profundizará la persecución de las voces disidentes", advierte Provea.
El objetivo de la nueva norma, sostiene la entidad de defensa de los derechos humanos, es controlar "los aspectos más íntimos de la vida de las personas, violando la independencia fundamental de la sociedad civil y amenazando con la disolución de organizaciones y multas millonarias".
