El régimen de Nicolás Maduro mostró imágenes por primera vez en 10 meses de la académica hispanovenezolana Rocío San Miguel, enferma y físicamente deteriorada.
San Miguel, defensora de los Derechos Humanos, experta en temas de seguridad y de geopolítica y presidenta de la ONG Control Ciudadano, fue apresada el 9 de febrero junto con su familia en el aeropuerto de Maiquetía, que sirve a Caracas.
Parte de la familia fue liberada después con medidas de presentación, pero también quedó prisionera su hija Miranda, y su exesposo, Alejandro González, según la ONG Acceso a la Justicia.
El martes el gobierno filtró sus primeras imágenes desde que la abogada está detenida.
Se le ve físicamente deteriorada, aparece en una foto en primer plano, con un cartel exhibiendo día y hora de la toma.
En otra foto una mujer uniformada parece prestarle asistencia médica.
Según algunos medios locales, San Miguel debe ser operada en las próximas horas de una lesión en el hombro izquierdo, "una fractura de larga data".
Varios activistas y dirigentes han pedido una vez más la liberación de la abogada, acusada por la Fiscalía de Maduro de formar parte de una supuesta conspiración, expediente usado de manera recurrente para encarcelar a los críticos del sistema.
La ONG Caleidoscopio Humano señala que San Miguel "debe ser liberada no solo por su salud, sino por la arbitrariedad que se ha cometido. La publicación de estas imágenes le revictimiza, no se da explicación de cómo se encuentra".
Su caso ha despertado en los últimos meses una solidaridad internacional que el gobierno ha ignorado.
La comisión de la ONU que investiga violaciones a los Derechos Humanos en Venezuela reclamó a gobierno de Maduro "información sobre el paradero no solo de San Miguel y su hija, sino de todos los detenidos cuyos lugares de detención aún se desconocen". Tras su detención, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en su cuenta oficial de X, expresó su preocupación y dijo que el caso potencialmente calificaba como desaparición forzada.
La divulgación de las primeras imágenes de San Miguel tras 10 meses de prisión coinciden con el anuncio por parte del gobierno de Venezuela de que "se ha restablecido la cooperación con la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos bajo los términos de independencia, soberanía y no intervención en los asuntos internos".
