MONTEVIDEO (Uypress) La empresa sanducera Pili, con más de 50 años de trayectoria, pidió concurso, este viernes, en la justicia especializada para encarar una "reorganización empresarial" y buscar su "continuidad", confirmaron a El País fuentes de la propia firma. Las fuentes enfatizaron que se buscará la continuidad de la empresa, ya sea con los actuales accionistas o con socios nuevos que aporten una capitalización externa porque aunque se valoran los esfuerzos del gobierno por auxiliarla, estos no fueron suficientes.
El 25 de julio todos los diputados de Paysandú y el intendente Guillermo Caraballo habían pedido por carta al gobierno que colaborase en la búsqueda de una solución. Pili tiene alrededor de 130 trabajadores, de los cuales 40 están hoy en seguro de paro rotativo. La sede actuante pondrá ahora a consideración de los contadores del juzgado toda la documentación. El juez decidirá si se acepta o no el pedido de concurso en menos de 48 horas, por lo que el miércoles habrá una resolución. Se abrirán entonces dos opciones: que se designe un interventor que coadministre la empresa o un síndico que administre, previo desplazamiento de las autoridades de la industria láctea.
A partir del eventual decreto de concurso comenzará a correr un plazo de 180 días para que se convoque a una junta de acreedores. Los acreedores tienen 60 días a partir del momento mencionado para presentarse. En una eventual lista los acreedores con privilegio son aquellos con hipotecas a su favor (que cobrarían con el producido de la venta de los bienes), seguidos de los trabajadores, el Estado (por cobro de tributos) y los acreedores quirografarios (ya sean bancos o proveedores), en ese orden. Luego vienen las multas y recargos por impuestos y los accionistas que sean acreedores.
La empresa tiene pasivos de alrededor de US$ 60 millones. Le debe a varios bancos, incluido el República, alrededor de US$ 50 millones, más de US$ 1 millón a sus remitentes, unos US$ 400.000 a sus trabajadores y unos US$ 10 millones a sus proveedores, dijeron fuentes del gobierno. Una asamblea de los alrededor de 75 tamberos del litoral del país que enviaban su producción a Pili analizó este viernes por la noche qué pasos dar. La posibilidad que se les abre es mandar su materia prima a la multinacional francesa Lactalis (Indulacsa) que tiene plantas en Salto y Cardona (Soriano).
Mientras el juez actuante estudia el pedido de concurso, los acreedores no pueden tomar ninguna acción contra Pili. El gobierno había anunciado esta semana un proyecto de ley para obtener autorización para prestarle US$ 1,5 millones a la empresa. Con esos fondos les pagaría lo que les adeuda a sus 130 trabajadores y a los productores.
Al mismo tiempo, el gobierno le insistió a Conaprole para que pasara 100.000 litros de leche por día durante seis meses a Pili para que esta pudiera trabajar más días por semana. Pero esta "pata" de la solución nunca llegó porque Conaprole la condicionaba a que su sindicato accediera a una "paz laboral" por todo concepto durante tres años que ponga fin al prolongado conflicto en la cooperativa. La posibilidad se analizó en febrero pasado pero en esa oportunidad el gremio de Conaprole la rechazó. Conaprole en un "pico" de producción procesa 4 millones de litros diarios. Pili, que exportó varios años mucho queso y leche en polvo a Brasil y Venezuela, en la última etapa procesaba solamente 70.000 litros diarios aunque la capacidad de su nueva planta, ubicada en los suburbios de Paysandú es de 400.000. La empresa es propiedad de la familia Nolla, que también es dueña de Industrial Paysandú, una fábrica de chacinados.
El desplome del mercado venezolano parece haber sido una de las causas de las dificultades de la empresa que se había endeudado para construir su nueva planta. Su situación se fue deteriorando a lo largo de 2016 y 2017. En las últimas semanas Pili mantuvo conversaciones con inversionistas italianos, alemanes, chilenos y brasileños. También atraviesan dificultades las cooperativas Calcar (de Carmelo) y Claldy (de Young) que afrontan importantes deudas bancarias y que pidieron junto a Coleme (de Melo) "descolgarse" del convenio salarial del sector lácteo.
Calcar, Pili, Claldy y Conaprole participaron en un convenio impulsado por el gobierno en 2015 para colocar productos en Venezuela. El gobierno de ese país pagó, aunque tarde, a Calcar, Pili y Claldy pero Conaprole nunca cobró US$ 39 millones correspondientes a mercaderías que vendió a Venezuela.
