CARACAS (Uypress) – La precariedad de la situación económica y social de Venezuela se ahonda por efecto de la emergencia sanitaria generada por la Covid-19. El cóctel para acercarse al despeñadero parece perfecto: inestabilidad, política, precariedad social, escasez de combustible, colapso de los servicios, cortes de agua y luz, todo ello agregado al coronavirus. De acuerdo a un informe de Francesco Manetto para El País de Madrid, los datos oficiales ubican a Venezuela entre los países con menos casos a nivel mundial: poco más de mil y solo diez fallecidos, en un país de 28 millones de habitantes, que además tiene cinco millones de refugiados en el exterior. Sin embargo, de acuerdo a diferentes organismos internacionales, detrás de esos números hay un sistema sanitario colapsado y sin capacidad de detección, agregado a la habitual falta de transparencia del régimen.
En lo que parece paradójico para un país petrolero, Venezuela tiene que lidiar con una crisis de combustibles sin precedentes, debido al saqueo de la petrolera estatal PDVSA, el deterioro de las refinerías y la mala gestión, que llevaron al régimen de Maduro a pedir ayuda a Irán, uno de sus principales aliados. Teherán envió cinco buques con 1,5 millones de barriles de combustible, informa El País de Madrid, pero a eso se ha sumado en los últimos días la interrupción del suministro de agua, que se ha convertido en un drama sobre todo en los hospitales. La catástrofe económica y la hiperinflación completan el panorama de una crisis que es estructural desde hace años.
"La crisis humanitaria en Venezuela y el colapso del sistema de salud han generado una peligrosa situación que favorece una rápida propagación del virus en la población en general, condiciones de trabajo inseguras para el personal de salud y un alto índice de mortalidad entre pacientes que necesitan tratamiento en hospitales", afirma Kathleen Page, doctora y profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad Johns Hopkins. Según su análisis, recogido en un informe de Human Rights Watch (HRW) publicado este martes, estas premisas pueden "provocar que más personas intenten irse del país", desbordando así a los sistemas sanitarios de los países vecinos. La ONG pide que Estados Unidos, la Unión Europea y los países miembros del Grupo de Lima presionen a las autoridades venezolanas para que "permitan el ingreso en Venezuela de una respuesta humanitaria a gran escala liderada por la ONU".
"Para contribuir a una respuesta efectiva a la Covid-19 en Venezuela, los gobiernos preocupados por la situación venezolana deberían financiar las iniciativas humanitarias de la ONU queaseguren que la ayuda se distribuya de manera apolítica". Es la propuesta de José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW. "Pero para que la ayuda llegue efectivamente al pueblo venezolano, la máxima responsabilidad recae en las autoridades que responden a Maduro, por ello hay que presionarlas para que garanticen pleno acceso al Programa Mundial de Alimentos y permitan que los actores humanitarios y médicos puedan trabajar sin temor a represalias", agrega. La discusión en torno a la ayuda humanitaria lleva años enfrentando al Gobierno y a la oposición. A pesar de que la emergencia viene de lejos y tiene que ver esencialmente con la gestión del régimen, las sanciones internacionales, especialmente las impuestas por Washington, dificultan ahora la cooperación y repercuten en la población.
Lo que queda claro es que las medidas adoptadas por Caracas frente al coronavirus son insuficientes. Y los controles de la estricta cuarentena decretada por Maduro están en manos de las fuerzas policiales, a menudo señaladas por sus abusos por organismos de defensa de los derechos humanos, incluida Naciones Unidas. Según da cuenta el diario ABC, el régimen de Nicolás Maduro está minimizando el impacto de la pandemia de coronavirus en Venezuela y hostiga y reprime a periodistas y profesionales de la salud que alertan sobre el grave deterioro de las condiciones en los hospitales, de acuerdo al informe ya citado de Human Rights Watch (HRW) y la universidad Johns Hopkins tras haber estudiado la situación en 14 hospitales públicos de Caracas, la capital del país, y los cinco estados de Anzoátegui, Barinas, Bolívar, Lara y Zulia.
Según un estudio de HRW y la Universidad Johns Hopkins, realizado entre noviembre de 2019 y mayo de 2020, el sistema de salud de Venezuela ha quedado colapsado. El sistema público de salud es incapaz de suministrar servicios básicos por la emigración forzosa de trabajadores sanitarios. Venezuela está la posición 180 de 195 en el Índice de Seguridad Sanitaria Global de 2019, es decir que es uno de los países peor preparado para enfrentar la pandemia.
